Informe Económico de la Construcción – IEC 90 – Junio 2025
En el actual contexto de discusión sobre el desarrollo territorial y la mejora de los servicios de infraestructura, ha surgido nuevamente la propuesta de crear un Ministerio de Infraestructura. Sin embargo, esta iniciativa ha sido considerada por diversos especialistas como un error innecesario, que podría replicar los problemas institucionales del pasado en lugar de solucionarlos. La creación de una nueva entidad ministerial no garantiza una mejora en la ejecución de proyectos, y podría generar conflictos similares a los ocurridos con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que enfrentó tensiones constantes con los gobiernos regionales debido a la duplicación de funciones y competencias mal definidas. Mucho más eficiente es el fortalecimiento de las oficinas de ingeniería y construcción de los gobiernos regionales y de las provincias capitales o ciudades más pobladas de cada región.
Finalmente, preocupa la reciente propuesta legislativa que busca duplicar los recursos del FONCOMUN para ser transferidos a las municipalidades con el fin de ejecutar más proyectos de infraestructura. Esta medida es contraproducente, pues las municipalidades tienen una menor capacidad de ejecución, escaso control y son las que muestran una mayor proporción de obras paralizadas. Además, el aumento del FONCOMUN genera desincentivos para la recaudación de tributos locales. En lugar de ello, se debe concentrar la inversión pública en los gobiernos regionales y en las provincias capitales, donde existen mejores condiciones técnicas y escala suficiente para desarrollar proyectos de mayor impacto.
CAPECO propone, además de fortalecer los equipos de ingeniería en las regiones y provincias, establecer mecanismos eficientes de verificación de expedientes técnicos, y asegurar que los colegios profesionales participen en la evaluación y supervisión de la ejecución de las obras públicas a través de comisiones técnicas locales, como ya ocurre en la obra privad. Solo así podrá garantizarse la eficiencia y calidad de la infraestructura, evitando que decisiones desacertadas perjudiquen la formulación y la ejecución de proyectos clave para el desarrollo del país.
Partiendo de un enfoque territorial, se plantea que el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los gobiernos regionales y provinciales es una vía más adecuada y sostenible. La implementación de procesos de certificación independiente para sus oficinas de ingeniería permitiría asegurar que estas instancias cuenten con los estándares necesarios para formular, ejecutar y supervisar obras públicas con eficacia y transparencia. Reforzar la institucionalidad existente, en lugar de crear nuevas estructuras burocráticas, representa una estrategia más alineada con la descentralización y la autonomía regional.
Por otro lado, preocupa que este énfasis en concentrar la ejecución de obra pública en el nivel central desvíe la atención de otros mecanismos que han demostrado mayor efectividad, como las asociaciones público-privadas (APP) y las obras por impuestos (OxI). En ese sentido, se destaca como una noticia positiva que el Congreso esté buscando ampliar el alcance de las OxI, incluyendo la financiación de planes urbanos y catastros municipales. Esta iniciativa permitiría que el sector privado colabore con municipios con escasas capacidades técnicas, promoviendo una planificación integral que abarque desde la elaboración de información catastral y la priorización de programas de inversión hasta la ejecución de proyectos y el aseguramiento de recursos para el mantenimiento de infraestructuras.
La utilización de estos mecanismos permitiría una intervención más efectiva, sobre todo en distritos pobres de las grandes ciudades o en zonas de influencia directa de grandes proyectos productivos, como aquellos vinculados a la minería, la energía, la agroexportación o los puertos, como el de Chancay. En estos contextos, la planificación territorial integral cobra especial relevancia, al tratarse de espacios tradicionalmente desprotegidos donde la intervención del Estado debe ir más allá de la simple ejecución de obras aisladas. Se trata de promover un enfoque de desarrollo sostenible, que parta de una visión del territorio y no solo del proyecto en sí mismo.
Lamentablemente, parece que estos mecanismos han sido desplazadas del discurso oficial en las semanas recientes. El mensaje pronunciado por el Presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso ha insistido principalmente en priorizar la obra pública convencional y la que se ejecuta mediante acuerdos de gobierno a gobierno, dejando de lado estrategias más eficientes como las APP y las OxI. Este aparente cambio de orientación resulta preocupante, ya que la obra pública sujeta a las actuales normas de contratación del Estado, enfrenta numerosos obstáculos: ineficiencias operativas, trabas burocráticas, escasa capacidad técnica y persistencia de prácticas corruptas. Ninguna de estas problemáticas ha sido superada plenamente, y su solución requerirá tiempo y reformas estructurales profundas.
En consecuencia, mientras se avanza en el perfeccionamiento de la gestión pública convencional, resulta fundamental utilizar las herramientas que ya están disponibles y que han probado ser eficaces. El proyecto de ley, actualmente en debate, que propone ampliar el enfoque de las obras por impuestos hacia una lógica de desarrollo territorial, es una muestra de ese potencial. Pasar de una visión centrada en proyectos individuales a una articulada desde la planificación territorial puede contribuir significativamente a cerrar brechas de infraestructura y a mejorar la calidad de vida en las zonas más vulnerables del país.
El país enfrenta así tres desafíos cruciales: atender el déficit habitacional, reducir los riesgos que amenazan la vida humana y consolidar un sistema de infraestructura que no solo eleve la competitividad económica, sino que promueva un desarrollo más inclusivo y equitativo. Para ello, no se requieren nuevas estructuras, sino instituciones más sólidas, herramientas eficientes y decisiones políticas sostenidas por una visión de largo plazo.