Informe Económico de la Construcción N° 92 – Agosto 2025
La triple frontera que vincula las ciudades de Leticia, Santa Rosa y Tabatinga, en Colombia, Perú y Brasil, respectivamente, es una zona de difícil acceso, con importantes carencias sociales y fuerte incidencia de actividades delictivas.
Desde el lado colombiano se ha intentado generar un conflicto limítrofe inexistente que, en caso de no resolverse mediante trato directo, deberá ser resuelto a través del arbitraje internacional entre Estados. No obstante, lo más relevante de este episodio es que ha puesto en evidencia la gran diferencia de en las condiciones de vida, oportunidades de desarrollo y gobernanza existente en esta zona, donde las poblaciones peruanas de la provincia de Mariscal Castilla se encuentran en desventaja respecto a las localidades fronterizas de Colombia y Brasil: los servicios básicos como salud, educación y alimentación, son deficientes o de menor calidad en nuestro territorio, respecto a los que se brindan en Leticia y Tabatinga. Esta situación obliga a muchos ciudadanos peruanos a recurrir a los servicios de las ciudades vecinas para satisfacer sus necesidades más elementales. Tal carencia constituye uno de los principales riesgos en la triple frontera y refleja una realidad que se repite en diversos puntos limítrofes del Perú.
En la frontera con el Ecuador, por ejemplo, la localidad de Huaquillas de la provincia ecuatoriana de El Oro muestra un mayor desarrollo comparado con Aguas Verdes en la provincia tumbesina de Zarumilla. En la otra triple frontera que comparten Bolivia, Brasil y Perú se observa un patrón similar de rezago relativo entre la ciudad peruana de Iñapari, la brasileña Assis y la boliviana San Pedro de Bolpebra, que también desfavorece al Perú. Mientras que en la frontera peruano-chilena, si bien el desarrollo relativo de la ciudad de Tacna se ha ido acercando al de Arica – sobre todo por el crecimiento de actividades comerciales, servicios médicos y turismo – este proceso no se ha producido por una estrategia integral con enfoque territorial.
En ese sentido, resulta llamativo que ni la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible ni la Política de Vivienda y Urbanismo no contemple estrategias específicas para el desarrollo integral y el modelo de gestión de las zonas de frontera. Por ello no se puede contar con una adecuada planificación territorial que identifique oportunidades de desarrollo sostenible, incluso a través de esquemas de cooperación tripartita o bipartita con los países vecinos. Dicha planificación debería estar acompañada por proyectos productivos capaces de dinamizar las economías locales, generar empleo y atraer inversiones públicas y privadas.
Ejemplos fallidos como el proyecto binacional Puyango–Tumbes, concebido tras la firma de la paz con Ecuador en 1998, muestran cómo la falta de voluntad política y de visión de Estado ha impedido concretar iniciativas de gran potencial en materia hídrica, energética y agrícola. Lo mismo ocurre en Tacna, donde pese a la alta interacción fronteriza con Arica no se ha implementado una estrategia coordinada para aprovechar el turismo, modernizar la infraestructura ferroviaria y portuaria, o impulsar proyectos hídricos como Vilavilani II, indispensables para la agricultura, el consumo humano y la seguridad hídrica regional.
A esta problemática se suma la presencia de actividades ilegales como el contrabando, el narcotráfico, la minería ilegal, la tala indiscriminada de bosques y el tráfico de armas. En varias de estas zonas fronterizas, particularmente las ubicadas en la Amazonía, operan organizaciones criminales transnacionales que buscan ejercer dominio territorial e incluso mantienen vínculos con remanentes de grupos subversivos. Tales organizaciones intimidan o cooptan autoridades locales, imponiendo sus reglas a sangre y fuego, lo que convierte a estas áreas en espacios donde los estados pierden capacidad de brindar servicios y ejercer soberanía.
Frente a ello, la política de fronteras debe articular inversión social, desarrollo productivo y defensa nacional. No basta con la presencia policial: se requiere la participación activa de las Fuerzas Armadas, tanto en labores de seguridad como en el impulso de infraestructura y programas de desarrollo. La falta de carreteras y accesos adecuados, como ocurre en la conexión entre Iquitos y la frontera con Colombia, limita la capacidad de respuesta del Estado y restringe también las oportunidades de integración económica. De igual manera, se necesitan inversiones en la modernización de puertos, medios de transporte, vigilancia marítima y fluvial y control del espacio aéreo. Los puertos fluviales como Iquitos, Pucallpa o Yurimaguas necesitan una urgente modernización, el mar peruano sigue siendo vulnerable al narcotráfico, al contrabando, el tráfico de armas y la pesca ilegal, mientras que el espacio aéreo es vulnerado por avionetas de organizaciones delictivas sin que existan sistemas de radar para detectarlas y aeronaves suficientes y adecuadas para lograr su interdicción.
Esta debilidad no solo afecta la seguridad, sino también la economía, el ambiente y la cohesión social. El deterioro de los bosques amazónicos, la explotación ilegal de recursos naturales y la marginación de comunidades indígenas y campesinas son consecuencia directa de la ausencia de políticas estatales eficaces en las fronteras. La mejor manera de proteger estos territorios no es únicamente mediante el uso de las armas, sino con desarrollo sostenible, inversión social en salud, educación y vivienda, y proyectos productivos que generen empleo y bienestar.
En síntesis, el Perú enfrenta un desafío estructural en la gestión de sus fronteras. Más que un problema limítrofe con Estados vecinos, lo que afecta a nuestro país es la debilidad del Estado para garantizar soberanía, seguridad y desarrollo en estas zonas. La falta de infraestructura, de inversión social y de presencia institucional ha dejado espacio para que organizaciones criminales consoliden su poder. Resulta indispensable, por tanto, una estrategia integral que combine la planificación territorial, la inversión productiva, la cooperación internacional y el fortalecimiento de las capacidades de defensa, con el fin de convertir las fronteras en espacios de desarrollo, integración y soberanía efectiva. El Estado debe priorizar la asignación de recursos para iniciar y sostener este proceso de planificación y gestión territorial.