Informe Económico de la Construcción N° 93 – septiembre 2025
Los casos de Machu Picchu y Chancay representan, simultáneamente, un desafío y una oportunidad para el desarrollo territorial del país. En el primero, se advierte el riesgo de una situación de insostenibilidad si no se implementan medidas integrales que lo mitiguen; en el segundo, las denominadas Zonas Económicas Especiales ofrecen un potencial significativo desarrollo, aunque su delimitación a nivel de distrito y no de un símbolo territorial más amplio carece de una lógica funcional y estratégica. Resulta indispensable, por tanto, adoptar una visión de carácter integral que oriente el crecimiento y la gestión de ambos espacios.
En el caso de Machu Picchu, la atención no debe limitarse al sitio arqueológico, sino extenderse a la totalidad del Valle Sagrado, que comprende las provincias de Urubamba y Calca. La próxima puesta en funcionamiento del aeropuerto de Chinchero ejercerá una presión adicional sobre esta zona, lo cual exige una planificación territorial que evite desequilibrios y promueva un desarrollo armónico. Es fundamental que las intervenciones comprendan la totalidad del valle, garantizando la equidad territorial y la sostenibilidad de las actividades turísticas y productivas.
Asimismo, el desarrollo de esta zona debe acompañarse de programas de fortalecimiento de capacidades locales, a fin de que la población residente participe y se beneficie de manera directa de las oportunidades derivadas de las nuevas inversiones e infraestructuras. Se prevé también un incremento de la migración hacia el área, lo cual plantea retos en materia de vivienda y servicios básicos. Si la población no es incorporada adecuadamente en el proceso de desarrollo, podrían persistir conflictos sociales que obstaculicen el funcionamiento del sector turístico y de las demás actividades productivas.
La protección del patrimonio histórico y natural constituye otro componente esencial. El Valle Sagrado posee no solo un valor económico y productivo, sino también una profunda relevancia cultural para la identidad cusqueña y nacional. En tal sentido, se plantea la necesidad de crear una entidad gestora autónoma, con un modelo de gobernanza de excelencia, encargada de formular planes, coordinar intervenciones, convocar a actores públicos y privados, administrar las plusvalías que generen las inversiones que se localizarán en el territorio y asegurar la sostenibilidad de las inversiones. La participación del Gobierno Central en esta estructura resulta indispensable para garantizar la articulación interinstitucional y la eficacia de la gestión.
De manera paralela, la Zonas Económicas Especiales que se implementarán en el entorno cercano del Megapuerto de Chancay requiere una estrategia de similar alcance. Según lo señalado por especialistas, el ámbito de influencia del puerto de Chancay se extiende desde el Callao hasta Barranca, tal como lo ha sostenido CAPECO desde que se lanzó la idea de esta zona. No obstante, la planificación se realizará de manera fragmentada, por distritos, lo cual limita el aprovechamiento del potencial de desarrollo. Se propone, por ello, la conformación de un gestor urbano con competencia sobre la totalidad del territorio, encargado de regular el uso del suelo estatal, gestionar servicios públicos, ejecutar obras estatales, impulsar asociaciones público -privadas para desarrollar equipamientos productivos y proyectos de vivienda y desarrollo social.
Este enfoque permitiría que los recursos derivados del desarrollo económico financien estas inversiones convocando al sector privado, en lugar de depender exclusivamente del gasto público. Además, se subraya la necesidad de fortalecer la gestión de los servicios públicos, particularmente los de agua y saneamiento, considerando que la región cuenta actualmente con cuatro empresas prestadoras con capacidades técnicas y financieras limitadas para atender el crecimiento previsto.
Finalmente, se considera oportuno que el gestor concentre autorizaciones y licencias necesarias para el desarrollo de los proyectos. De esta manera, con este enfoque territorial, se garantizaría una gestión más eficiente, coherente y orientada al desarrollo sostenible de los territorios vinculados a Machu Picchu y el Megapuerto de Chancay, evitando los problemas derivados de la dispersión administrativa y de la falta de planificación integral.