INFORME ECONÓMICO DE LA CONSTRUCCIÓN – IEC CAPECO #82 – OCTUBRE 2024
La cartera de proyectos mineros en Perú representa una inversión potencial de más de 50 mil millones de dólares, con un impacto significativo en las comunidades cercanas a estas operaciones. Sin embargo, la ausencia de una estrategia clara que facilite la adhesión de comunidades y autoridades locales al desarrollo minero ha provocado conflictos y obstáculos. La lógica del Estado, orientada a “destrabar” inversiones, ha resultado insuficiente, como se demostró en el caso de Tía María.
En las zonas aledañas a los proyectos mineros, muchas personas no participan en ellos debido a la falta de conocimientos sobre el trabajo en minería. Esta situación requiere un enfoque diferente y más estructurado en la integración de las comunidades con la industria. Además, aunque el Perú cuenta con una impresionante cartera de proyectos mineros, la falta de una estrategia clara para asegurar que la minería genere progreso sostenible para las comunidades vinculadas ha sido una gran limitación. Los mecanismos como el canon minero no han sido suficientes para generar una relación positiva y efectiva con las comunidades.
La lógica del Estado se ha centrado en “destrabar” proyectos, un enfoque que se ha demostrado insuficiente. La simplificación de procesos es necesaria, pero no suficiente, como se ha visto en casos como Tía María, donde, a pesar de contar con aprobación técnica, la oposición de autoridades locales y una parte de la población -influenciada en algunos casos por sectores antiminera- ha dificultado la ejecución del proyecto.
Para lograr una aceptación real, el relacionamiento con las comunidades debe comenzar en la fase de exploración, mediante la implementación de un plan territorial, un programa de inversiones sociales y económicas, y un programa de empleo que prepare a las comunidades para beneficiarse del proyecto. Esto implica mejorar las condiciones de vida mediante acceso a vivienda, servicios básicos y desarrollo de capacidades productivas en actividades propias de la región.
Un aspecto clave para el éxito de estos programas es la creación de una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO), que garantice una implementación coordinada y eficiente. Este PMO supervisaría que los proyectos sociales priorizados realmente se lleven a cabo, lo que generaría confianza y un sentido de pertenencia entre las comunidades.
Caso Toquepala
La ampliación de la mina Toquepala por parte de Southern Perú, importaba una inversión de 1,200 millones de dólares para duplicar la producción de cobre. Este caso es un ejemplo de cómo un buen relacionamiento puede transformar la percepción de un proyecto minero.
En 2011, una audiencia pública para el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) generó rechazo entre la población, con violentas protestas que resultaron en una persona fallecida, 26 heridos, detenidos y daños materiales, incluyendo el incendio de la prefectura de Tacna. En ese momento, el 62% de la población de Tacna y el 100% de la población de Candarave se oponían al proyecto, y solo el 12% tenía una opinión favorable de Southern.
En 2012, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) estableció mesas de diálogo, lideradas por un representante que dirigía reuniones periódicas con agenda definida. La primera mesa se abrió en Candarave, la provincia más pobre y con mayor oposición. En 2013, Southern firmó un acuerdo con las autoridades y comunidades locales para invertir 255 millones de soles en proyectos de desarrollo en la zona. Como muestra de buena voluntad, Southern destinó 45 millones de soles de inmediato, sin condiciones, para un fondo de desarrollo local. Los otros 210 millones se comprometerían solo si el proyecto avanzaba. En ese proceso de negociación, también se logró que el gobierno contribuyera con 35 millones de soles, alcanzando así un fondo total de 80 millones.
El fondo inicial permitió a Southern trabajar en conjunto con un equipo técnico, que realizó un análisis territorial y seleccionó proyectos prioritarios de acuerdo con la votación de las asambleas distritales. Los proyectos aprobados incluían mejoras en agua, saneamiento y canales de riego. Aunque los alcaldes inicialmente presentaron 42 proyectos, solo uno fue aprobado debido a problemas en los expedientes técnicos. Este proceso de selección fue posible gracias a la implementación de un sistema fast track, similar al modelo “gobierno a gobierno”, que facilitó la ejecución eficiente de los proyectos.
Como resultado, en un año se ejecutaron 28 proyectos financiados por el fondo y otros 17 recibieron apoyo del programa Mi Riego. Además, Southern invirtió en la elaboración de expedientes técnicos para otros 40 proyectos, permitiendo que las comunidades contaran con proyectos listos para financiarse por un valor de 100 millones.
Este proceso no solo mejoró la percepción de Southern entre las comunidades, sino que también motivó a la empresa a adelantar otros 30 millones de soles para una segunda fase, siempre y cuando las comunidades y autoridades locales apoyaran la aprobación del EIA. La firma del acuerdo y la participación de las comunidades en el proceso de planificación y ejecución de los proyectos fueron fundamentales para el éxito de Toquepala, que hasta hoy continúa operando sin conflictos significativos.
La minera también logró un acuerdo similar con la provincia de Jorge Basadre por 100 millones de soles. Además, Southern ofreció a la Municipalidad de Tacna financiar la nueva PTAR para la ciudad.