INFORME ECONÓMICO DE LA CONSTRUCCIÓN – IEC CAPECO #80 – AGOSTO 2024
En múltiples ocasiones, CAPECO ha sostenido que es indispensable emprender una reforma integral del actual modelo de gestión de la infraestructura, que considere todas las etapas de su ciclo de vida: planificación, priorización, contratación, diseño, construcción, supervisión, operación, mantenimiento y cierre. Igualmente, se ha propuesto una estrategia de abordaje de la problemática de vivienda que considere sus diferentes componentes: suelo, servicios públicos, subsidios y créditos, simplificación administrativa, sostenibilidad y seguridad.
Por desgracia, estos planteamientos no han tenido eco en las instancias gubernamentales que más bien se han decantado por soluciones puntuales, que han demostrado ser claramente insuficientes para asegurar la sostenibilidad de la actividad constructora. El régimen actual, además, arrastra una crisis institucional que afecta a todos los poderes públicos y que constituye el principal escollo para atraer la inversión privada, hacer eficiente la gestión estatal y propiciar la paz y el bienestar sociales, tal como ha sido referido por agencias internacionales de calificación crediticia.
En su reciente presentación ante el Congreso de la República, la presidenta Boluarte no propuso un plan para enfrentar estos desafíos. Por el contrario, señaló que el país camina con firmeza hacia la reactivación económica y hacia un ciclo expansivo. Habló de fortaleza fiscal, soslayando el hecho de que el déficit se sitúa actualmente en 4.0%, lejos de la meta de 2.8% establecida para este año. Indicó que el país mantiene una gobernabilidad a prueba de severas crisis y cuenta con un marco legal claro y confiable que ofrece seguridad jurídica.
Anunció una larga lista de mega-obras de infraestructura que se empezarán a ejecutar en los próximos meses, cuya viabilidad dependerá de la capacidad del erario de financiarlos y de generar confianza para atraer a la inversión privada. Por último, no expuso metas ni objetivos en vivienda social y desarrollo urbano, salvo una referencia a los planes de titulación predial de COFOPRI y a un programa denominado Wasiymi, cuyos alcances, al menos en el ámbito urbano, no se conocen.
Su planteamiento más relevante en materia de construcción fue la creación de un Ministerio de Infraestructura – MININ, que concentraría a una docena de entidades ejecutoras y programas de inversión que actualmente se ubican en otros ministerios. Entre ellos se encuentra la Autoridad Nacional de Infraestructura – ANIN, que fue creado el año pasado sobre la base de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – ARCC y presentado como la solución a los problemas de ineficiencia y corrupción en la contratación de obras.
En su momento, CAPECO señaló las debilidades de los modelos de gestión que regían el funcionamiento de la ARCC y la ANIN, anticipando que no iban a cumplir cabalmente las ambiciosas tareas que les fueron encomendadas. Hoy, el gobierno parece redoblar la apuesta: la ARCC tenía a su cargo proyectos específicos a ejecutar en un plazo determinado, mientras que la ANIN se concibió como una entidad permanente que debía completar las obras pendientes de la ARCC y encargarse de la ejecución de proyectos grandes y estratégicos que se encontraban bajo responsabilidad de ministerios y gobiernos subnacionales. Ahora, el MININ absorberá las tareas de la ANIN (a la que se reduce su autonomía y su nivel operativo) y de otras once ejecutoras estatales, además de fijar políticas y desarrollar tareas de supervisión en materia de infraestructura.
Es erróneo pensar que, al encargársele más tareas y responsabilidades, el MININ podrá alcanzar el éxito que fue esquivo a la ARCC y a la ANIN. Pero, además, en este caso no se encargan obras como se hizo cuando se crearon las dos referidas autoridades, sino que se adscriben entidades ejecutoras, modificando significativamente la estructura del Poder Ejecutivo, tarea que tomará un tiempo largo, afectando los niveles de ejecución de proyectos y obras en marcha y dificultando los niveles de coordinación entre dichas ejecutoras y los ministerios de los que dependían, que retendrán la responsabilidad de fijar las políticas sectoriales que tendrán impacto en las de infraestructura.
Más aún, en su precipitación por impulsar esta iniciativa, no se ha caído en cuenta que varias entidades ejecutoras importantes como ESSALUD, SEDAPAL o las empresas eléctricas de propiedad estatal no se incorporarán al MININ ni tampoco las entidades reguladoras (OSINERGMIN, SUNASS, OSIPTEL, OSITRAN) ni PROINVERSIÓN que gestiona, entre otros encargos, la concesión de infraestructuras y servicios a operadores privados. Tampoco estarán bajo el ámbito del MININ, las obras efectuadas por los gobiernos subnacionales, que ahora concentran el 60% del presupuesto de inversión estatal.
Por último, esta pretensión de concentrar en una sola entidad toda la obra pública, como hacía el Ministerio de Fomento creado por el presidente Piérola a fines del siglo XIX, niega el principio de la especialización que ha adquirido cada vez mayor relevancia, debido al avance de las diferentes ramas de la ingeniería.